En 1997 y 1999, fuerzas de seguridad pública detuvieron y acusaron a dos hombres de ser comandantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la guerrilla que el Estado más estigmatizó aquellos años. Los sentenció con procesos irregulares. Por fin fueron liberados en 2017. Hasta la fecha siguen criminaliados. Y la región loxicha siegue siendo de las más pobres y marginadas del país.