En la Ciudad de México, ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016, la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital y usó ese poder para definir antiguos conflictos de vivienda, al expulsar a los vecinos sin permitirles defenderse y entregar sus casas al capital inmobiliario, sin intervención de un juez.