El gobierno federal a través de Sedatu retrasó la ejecución parcial de la Resolución Presidencial del Ejido San Isidro. Le concedió 72 horas a la empresa Nutrilite para que acredite la propiedad de las 280 hectáreas que le pertenecen al ejido. “Es una pérdida de justicia para la comunidad y vale oro para la empresa”, señala la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales