Texto: Alberto Nájar.  Foto archivo: Marlen Martínez LadoB

29 de septiembre de 2018

El imparable boom huachicolero

El huachicol, la popular definición del combustible robado, está en todas partes: En los microbuses o chimecos de transporte urbano en la capital mexicana; en los tráileres que mueven toneladas de mercancía al norte. O en el tanque de gas para las vecindades de Ecatepec. El delito se extendió tanto, que salpica a los niveles más altos del gobierno. Por eso es imparable: todos quieren que siga así 

¿Huachicoleros en la Ciudad de México? Sí. Y a gran escala. La capital del país se ha convertido en uno de los principales centros de robo de combustible.

Un delito que parecía exclusivo de pueblos y comunidades alejadas por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), empieza a cobrar fuerza en la ciudad.

No es poca cosa. El jefe de Gobierno José Ramón Amieva confiesa que, hasta julio pasado, de los ductos que atraviesan la capital se han robado más de 358.000 barriles de combustible.

La extracción se realiza desde tomas clandestinas, en patios, casas y hasta cementerios. El año pasado se detectaron 91 y hasta julio de 2018 suman 81.

Esto significa que, hasta esa fecha, los huachicoleros –como se conoce a estos delincuentes- se habían robado 57 millones de litros de combustibles.

Y eso ocurre en la ciudad más vigilada del país: aquí operan 15.000 cámaras y existen más de 150.000 policías de diferentes corporaciones. Hay además batallones del Ejército y la Secretaría de Marina.

Varios helicópteros vigilan la ciudad para combatir el robo de combustible. Y a pesar de ese despliegue, el delito está al alza:

En todo 2017 el número de barriles de hidrocarburos robados fue de 344 mil es decir, 14 mil menos que en el primer semestre de este año.

Los números son un termómetro del imparable crecimiento del huachicoleo en todo el país, dice Rubén Salazar, director de la consultora en seguridad Etellekt.

“Que tengas este crecimiento en la ciudad con el sistema de video vigilancia y el estado de fuerza policial más grandes del país, te habla de un problema cada vez mayor”.

Lo es. En 2017 se detectaron 10 mil 363 tomas clandestinas, 50 por ciento más que el año anterior según datos de Petróleos Mexicanos. Fue una cifra histórica. Y ahora puede superarse.

Pemex señala que, hasta el 30 de junio pasado se habían desactivado 7 mil 590 sitios ilegales de extracción de hidrocarburos.

Si se mantiene la tendencia ésta cifra puede duplicarse y de nuevo habría un récord en el saqueo a ductos. De hecho la empresa productiva del estado reconoce que los datos sobre robos de este 2018 son 49 por ciento mayores al año pasado.

Huachicol de cuello blanco

¿Por qué no puede frenarse el huachicoleo? Hay varias razones. Desde enero de 2017 aumentó el precio de los combustibles. Eso provocó un estímulo adicional a las bandas de “chupaductos”, como también se les conoce.

En decenas de comunidades surgieron grupos pequeños que empezaron a extraer hidrocarburos por su cuenta. “A las grandes organizaciones el problema se les salió de control”, explica Salazar.

Ahora se han formado organizaciones más pequeñas que operan con altos niveles de violencia, explica Gustavo Mohar, exsecretario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),

“Al principio los carteles lo vieron como un gran negocio con poco riesgo. Pero ya no es solo la delincuencia organizada, hay criminales locales y regionales que involucran a ciertas comunidades para usarlas como un escudo de protección ante un posible enfrentamiento contra las autoridades”.

Un ejemplo es la frontera de Puebla y Veracruz, donde gavillas locales aprovecharon una fractura de Los Zetas para sacarlos de la zona.

En Puebla los grandes huachicoleros perdieron hegemonía en buena parte del llamado Triángulo Rojo, conformada por los municipios de Tecamachalco, Tepeaca, Palmar del Bravo, Quecholac, Acatzingo, Amozoc y San Martín Texmelucan.

El año pasado trataron de recuperar el terreno pero encontraron fuerte resistencia de los nuevos dueños. El resultado fue una intensa oleada de asesinatos.

El gobernador de Puebla Antonio Gali aplicó un fuerte operativo antihuachicol en la zona, e incluso convirtió el problema en el eje de su gobierno.

Pero cometió errores, explica el director de Etellekt. El principal es que no hubo coordinación con fuerzas federales, lo que pudo crear una estrategia más amplia para incluir a los estados vecinos.

Entonces apareció el “Efecto Cucaracha”: los delincuentes de Puebla escaparon de la persecución y se movieron a Veracruz primero, y después caminaron hacia Hidalgo.

Al mismo tiempo, desde el norte los miembros de lo que fue el cartel de Los Caballeros Templarios encontraron en el huachicoleo una forma de sobrevivir, y la aplicaron en Guanajuato.

Paulatinamente, ante la reacción lenta de Pemex, la Policía Federal y el Ejército, se extendieron al Estado de México y de allí cruzaron, sin problemas, la frontera con la capital del país.

Es una parte de la explicación. La otra se define con una palabra: empleo.

Los “halcones” (vigilantes) de las gavillas de huachicoleo reciben en promedio ocho mil pesos al mes por su trabajo. Es casi el doble del salario promedio en el Triángulo Rojo, por ejemplo.

“Al involucrarse la población en este delito se ha vuelto muy compleja la estrategia para enfrentarlo. Se ha vuelto un negocio comunitario”, reconoce el director de Etellekt.

Y es muy visual. En internet es común encontrar videos de personas que llenan cubetas en estanques de gasolina. Incluso en algunos casos se observa a militares que sólo observan la operación.

Hay una explicación, dice Rubén Salazar: los huachicoleros suelen amenazar con incendiar –“con todo y gente”- las albercas de combustible si los militares intentan detenerlos.

Por si fuera poco, en el lucrativo negocio también participan alcaldes, regidores y jefes de policías locales.

Las autoridades “dejaron crecer el problema”, y cuando lo quisieron combatir se encontraron con reacciones extremas, incluso al riesgo de provocar “una tragedia”.

“¿Huachicol en mi cocina?”

En realidad el robo con cubetas, tambos o incluso camiones pipa representa un porcentaje menor del robo de combustible en el país.

Desde que entró en vigor la Reforma Energética en 2014 en México se permite que empresas particulares distribuyan, almacenen, vendan o importen hidrocarburos.

Es un sistema nuevo para el que un país con 64 años con monopolio de Pemex no estaba preparado. Los sistemas de control en la comercialización de hidrocarburos son insuficientes.

Un ejemplo es el gas LP. Desde el año pasado algunas compañías detectaron una sensible baja en las ventas en los municipios conurbados a la Ciudad de México.

El problema se presentaba en barrios marginados construidos en cerros, vecinas de basureros como Chimalhuacán o en extensas regiones de Nezahualcóyotl.

No había razones de mercado para entender el fenómeno. Los clientes simplemente dejaron de comprar. La explicación se supo hace unos meses.

Bandas de huachicoleros pintaron sus camiones pipa con logotipos de las empresas legales, y empezaron a vender gas robado en decenas de colonias.

La historia de los gaseros pirata ilustra lo que sucede a mayor nivel, coinciden los especialistas. Con la Reforma Energética hay grandes empresas que distribuyen y almacenan hidrocarburos en sus propias instalaciones.

Según el director de Pemex Carlos Treviño Medina, por el robo a sus ductos la empresa pierde cada año más de 30.000 millones de pesos.

Una cantidad importante se vende “entre los grandes consumidores de diésel y gasolina como industrias agrícolas o del sector transportista”, dice Salazar.

El problema es que, a ciencia cierta, no se sabe de dónde viene la mercancía. Mohar cree que en muchos casos el origen puede ser irregular.

“Hay grandes cantidades de gasolina, diésel o gas LP que se vende a grandes negocios, a grandes consumidores de combustible”, reconoce.

¿Quiénes? Empresas de transporte de carga, de autobuses de pasajeros, flotillas de taxis, líneas de transporte urbano…

El huachicol, pues, va a todas partes. Hasta ahora la estrategia para combatirlo no ha funcionado.

Pemex, le dice a Pie de Página, “ha incorporado la utilización de tecnología de punta para la vigilancia de los ductos e instalaciones de almacenamiento”.

Además “se ha incrementado el número de elementos de seguridad de diversas instancias para vigilancia y patrullaje”.

De hecho existe un grupo especial dedicado a combatir el delito en el que participan soldados, marinos, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, policías locales y federales. También la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, gobiernos estatales y municipios.

Pero el saqueo no termina. Etellekt calcula que por este delito se pierden más de 60 mil barriles de combustibles al día.

Cada barril contiene 159 litros. Esto es, diariamente los huachicoleros obtienen nueve millones 540 mil litros de hidrocarburos. Y no todo se vende a la orilla de las carreteras o en las bases de taxistas y microbuseros.

Pero las autoridades no parecen entenderlo. Las noticias sobre captura de chupaductos, aprehensión de alcaldes o jefes de gavilla son la respuesta al creciente delito.

Hasta allí. ¿Suficiente? No. Gustavo Mohar cuenta que hace unos años en Perú el gobierno verificó la cantidad de gasolina que cada empresa decía haber comprado, y lo comparó con las ventas finales.

Al mismo tiempo endureció las leyes para sancionar duramente el robo y venta de combustible. En pocos meses el huachicoleo –no está claro el nombre del delito entre los peruanos- se redujo a casi cero.

Esto puede funcionar en México. ¿Cómo? Con ayuda de la Secretaría de Hacienda.  “La única manera de combatirlo es con inteligencia financiera”, dice el director de Etellekt.

“Tienes que cerrar la llave a los consumidores que lo adquieren de manera ilegal y endurecer las sanciones. En la medida que no haya quien lo compre porque sea muy costoso en términos de las penalidades sanciones económicas hacerlo”.

Es el camino. ¿Lo seguirá el próximo gobierno? Puede ser, reconoce Salazar. “Pero va a ser muy difícil”. 

Consulta también:

Guanajuato, la presa oculta del huachicol

Puebla bajo amenaza, ladoB


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Categoría: Crónicas y ReportajesGalerías. Violencia de Estado / Impunidad

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Texto: Alberto Najar

Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Integrante de la Red de Periodistas de a Pie, editor de En el Camino.

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Marlene Martínez

Egresada de la Licenciatura en Comunicación. Fotógrafa, apasionada de la lectura y la escritura. Ha sido asistente de producción, directora de arte y asistente de arte en producciones locales y no tanto.