Después de estar 17 años encarcelados sin sentencia, Carlos García y Reyes Alpízar ganaron un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que probaron que el Estado mexicano violó sus garantías, y de paso: han demostrado que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo violan convenios internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, le toca al Estado mexicano tomar cartas en el asunto y asegurar que estas figuras dejen de existir en el país.