El gobierno federal envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Minera, una de las que ha representado más violaciones a derechos de comunidades indígenas y rurales; incluye acortar la duración de las concesiones de 50 a 15 años y que la minería ya no sea considerada una actividad de utilidad pública con preponderancia sobre otras.