Texto y Fotos: Ángeles Mariscal

5 de febrero de 2018

Demandan en Ottawa a la embajada de Canadá en México

Entre 2007 y 2010, diplomáticos canadienses violentaron las políticas de su gobierno al apoyar a la empresa Blackfire para imponer la instalacion de una mina en Chiapas y provocaron el homicidio del ambientalista Mariano Abarca Roblero, dice la demanda, que por primera vez extiende las responsabilidades al gobierno de Canadá

OTTAWA, CANADÁ.- Familiares del ambientalista Mariano Abarca Roblero y organizaciones no gubernamentales de México y Canadá presentaron una solicitud formal al gobierno canadiense para que investigue a su diplomacia en México.

Las organizaciones entregaron hoy a Joe Friday, Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés), las pruebas que han recabado para documentar el apoyo abierto que la embajada de Canadá dio a la empresa minera Blackfire frente a las protestas de la población de Chicomuselo, en Chiapas.

Los demandantes sostienen que “la embajada actuó de manera que parece contraria a las políticas del gobierno canadiense”, al encubrir violaciones a la responsabilidad corporativa que por ley debe regir las empresas de este país, y al abogar en contra de la comunidad chiapaneca de Chicomuselo, que se negaba a la operación de la mina de barita Payback.

De acuerdo con las pruebas documentales presentadas, “la embajada urgió al gobierno mexicano para que contuviera las protestas, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores y del ambientalista Mariano Abarca, quien finalmente fue asesinado el 27 de noviembre de 2009, y cuyo crimen no ha sido castigado”.

La demanda, que implicaría una investigación de tipo administrativo, fue presentada por la viuda y los hijos de Abarca, la organización Mining Watch de Canadá, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y la organización Otros Mundos Chiapas.

Libertad Díaz, representante de la organización Otros Mundos, explicó que investigar y, en su caso, sancionar a los involucrados y demandar a diplomáticos que respeten las leyes, sentaría un precedente para que, en adelante, la embajada apegue su actuar al marco que dictan las leyes de Canadá y  los tratados internacionales que ha suscrito, y para que se garantice la protección de los derechos humanos de quienes tienen relación directa e indirecta con esa nación.

Esta es la primera vez que el gobierno canadiense recibe una demanda formal contra su embajada en México.

Mariano Abarca Roblero fue asesinado el 27 de noviembre del 2009, luego de haber recibido varias amenazas de muerte por su oposición a la instalación de la mina en su comunidad. En junio pasado, las organizaciones llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La queja contra el Estado mexicano es por las violaciones al derecho a la vida.

Sin embargo, esta demanda amplía las responsabilidades al gobierno de Canadá, a través de su cuerpo diplomático.

Familiares de Mariano Abarca, e integrantes de OSC, junto con Edith Lachapelle, representante del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, quién recibió la demanda.


Las pruebas

“Durante varios años, luego del homicidio de Mariano Abarca, las organizaciones demandantes recuperaron, a través de solicitudes información, documentos  provenientes de Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD por sus siglas en inglés) que dan cuenta de reuniones que la embajada de Canadá tuvo con autoridades de Chiapas para pedir acciones que detuvieran las protestas de la población de Chicomuselo y de Mariano Abarca, contra la empresa Blackfire”, explica Shin Imai, titular del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa de la Universidad de York, quien funge como representante legal de los demandantes.

Entre las pruebas que se recabaron se encuentran correos electrónicos que fueron intercambiados entre empresarios de Blackfire y diplomáticos canadienses. Uno de ellos, fechado el 12 de septiembre de 2008, refiere: “Todos nosotros de Blackfire, agradecemos lo que la embajada hizo para ayudarnos a presionar al gobierno del estado (de Chiapas) para arrancar el proyecto (de la mina). No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda”.

También se documenta que, en el periodo que duraron las protestas, trabajadores de Blackfire agredieron físicamente a Mariano Abarca, y la empresa misma interpuso una demanda judicial en su contra, motivo por el cual Abarca fue detenido durante una semana por la Procuraduría de Chiapas.

Un elemento más que fue presentado ante el comisionado canadiense, para mostrar que la embajada actuó dolosamente en agravio de la población chiapaneca, fue el hecho de que tres meses antes de sus asesinato, Mariano Abarca y habitantes de Chicomuselo llegaron ante la oficina de la diplomacia en la Ciudad de México para pedir su intervención ante el agravio que se estaba cometiendo. Reclamaban que la empresa minera los estaba despojando de su territorio, contaminando su medio ambiente y afectando su vida comunitaria. Pero nunca les dieron respuesta y el embajador no los quiso recibir.

Tras el homicidio de Mariano Abarca, la mina de barita fue clausurada por haber cometido violaciones a la ley medioambiental mexicana. En respuesta, la embajada de Canadá asesoró a la empresa Blackfire para demandar al gobierno de Chiapas, con base en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Daño irreparable

Con la evidencia presentada, la demanda argumenta que la embajada de Canadá en México no siguió la política establecida en las leyes que rigen la estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo canadiense; que violó el código de conducta que rige a los funcionarios públicos, porque tampoco informó que Blackfire estaba cometiendo actos de corrupción para tratar de someter a la población de Chicomuselo; y que los diplomáticos no buscaron conciliar con la población, sino que en los hechos, fomentaron la violación a sus derechos.

“Con base en estos alegatos serios y fundamentados, solicitamos la investigación. Porque con los actos y omisiones de la embajada, se creó un daño irreparable”, dice Shin Imai.

José Luis Abarca, hijo del activista asesinado, coincide: “Mi padre acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo (…) sin embargo la embajada dio su aval a Blackfire y abogó a su favor ante autoridades chiapanecas, para que contuvieran las protestas sociales. Consideramos que eso incidió en el asesinato de mi padre”.

En entrevista, el joven cuenta que aún ahora, su familia y él mismo siguen recibiendo amenazas y agresiones por parte de ex trabajadores de la empresa minera, particularmente de quienes fueron detenidos y acusados de ser autores materiales del homicidio, y tiempo después liberados.

Casi una década después, ninguna persona ha sido detenida por este crimen, y las autoridades han sido omisas al investigar a quienes habrían sido los autores intelectuales.

José Luis Abarca encabezó este día en Ottawa un homenaje a su padre, realizado en una plaza pública dedica a los derechos humanos. Posteriormente entregó la demanda contra la embajada de Canadá en México en la oficina del Comisionado, Joe Friday.

Consulta más sobre el tema:

Mariano Abarca, en memoria del defensor de Chicomuselo

¿Tiene el gobierno de Canadá algún mensaje para las personas afectadas por sus minas?


Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx".

Categoría: Noticias y entrevistas. Despojo / Megaproyectos.

Ana Cristina Ramos


Ángeles Mariscal

Soy periodista independiente, fundadora del portal Chiapas Paralelo [www.chiapasparalelo.com]