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Arturo Bermúdez y 20 detenidos por caso Tierra Blanca comparten abogado

El exsecretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, acusado de desaparición forzada, comparte abogado con 20 presos por el mismo delito en contra cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. El litigante es Rodolfo de la Guardia, ex director de la Interpol México

Texto: Miguel Ángel León Carmona / e-veracruz

Imagen: Archivo / Roger López

XALAPA, VERACRUZ.- El abogado que liberó al ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, acusado de desaparición forzada, ahora defiende a los 20 presos por el mismo delito en contra de cinco jóvenes en Tierra Blanca.

Entre los imputados hay siete expolicías subordinados de Bermúdez y 13 civiles ligados a un grupo de la delincuencia organizada, entre ellos Francisco Navarrete Serna, señalado en carpetas de investigación como mediador -enlace- entre las Secretarías de la Marina, de Seguridad Pública y ese grupo delincuencial.

El nuevo abogado es Rodolfo de la Guardia, exdirector de Interpol México, quien consiguió mediante un amparo federal que el exsecretario Arturo Bermúdez continuara dos procesos en libertad, uno por actos de corrupción y otro por desaparición forzada, al conseguir que un juez validara que ninguno de esos agravios merece la prisión preventiva oficiosa.

Pie de Página tuvo acceso a la notificación de un amparo promovido por los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos, donde se comprueba que desde el 11 de abril de 2019 los 20 imputados citan como su defensor a Rodolfo de la Guardia.

La notificación fue dada a los imputados luego de que José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O, uno de los jóvenes desaparecidos, se amparara contra un juez federal que no le concedió el carácter de víctima dentro del juicio contra los 21 acusados por delincuencia organizada, de la causa penal 9/2017.

Esta solicitud de Benítez Herrera fue presentada por el abogado de las víctimas, Celestino Espinoza Rivera, dos días antes de que los 21 fueran liberados de los cargos por delincuencia organizada, y sólo una semana después de que el gobierno de Veracruz emitiera una disculpa pública por este crimen cometido el 11 de enero de 2016.

El documento de notificación es firmado por siete expolicías y 13 civiles, todos presos en el penal de Máxima Seguridad de Gómez Palacio, Durango.

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