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La población de esta parte del país lucha discretamente, a su modo. En San Fernando la propiedad de la tierra facilita la venta de parcelas de manera privada y la violencia que ha dejado la presencia del crimen organizado y de fuerzas de seguridad, atemoriza a cualquiera que ose asomar la cabeza por la ventana. Así se intenta defender el hogar

 

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.- Este fue un pueblo próspero y discreto hasta que un migrante engañó a la muerte y denunció las ejecuciones masivas realizadas por el crimen organizado.

Después de agosto de 2010 la discreción se convirtió en silencio perpetuo y la prosperidad se marchitó, menos para la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA), propiedad de Florentino Pérez, presidente del equipo de futbol Real Madrid.

La firma española se creó en 2007 especialmente para explorar y explotar los mil 165 kilómetros cuadrados ricos en gas, llamados bloque Nejo. Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó el bloque a IHSA por 15 años. El lunes 26 de marzo de 2007 anunció el contrato, dos años y un mes antes de que el cártel del Golfo y los zetas se dividieran y estallara la violencia en el territorio tamaulipeco.

La historia de San Fernando está ligada a la crianza de ganado, la pesca y el cultivo de algodón. En el siglo antepasado la zona se convirtió en el mayor centro productivo del llamado oro blanco, (del algodón ) y a partir de los años 60 las tierras se ocuparon en el cultivo de maíz y sorgo.

La búsqueda de hidrocarburos comenzó en esa época pero se consolidó en los primeros años del siglo XXI.

Es el municipio más grande Tamaulipas, con 6 mil kilómetros cuadrados, mayor incluso que Ciudad de México. Algo que puede ser benéfico si la idea es pasar desapercibido. Por los caminos ejidales se puede cruzar de un lado a otro siendo invisible.

Por esos mismos rumbos, debajo de la tierra, ingenieros petroleros hallaron el yacimiento de gas más rico de la Cuenca de Burgos.







La compra de las tierras

 

Ángela y Simón -a quien llamaremos así para protegerlos- son un matrimonio campirano y silencioso. Ella siempre ha vivido en San Fernando. Él trepó de Veracruz para cruzar el río Bravo hace 50 años, nunca atravesó la frontera. Ambos estudiaron la primaria completa. Han trabajado el campo, antes sembrando algodón y maíz, ahora sorgo. Su presencia es apenas perceptible entre los árboles y yerbas de patio.

-Antes aquí era bien pacífico- suelta la mujer para abrir conversación.

-Allá- Simón señala con la mano- íbamos a matar conejos en las tardes para comer, no había gente, no había nada. Ahorita ya no hay conejos, hasta las liebres, que había muchas, ya no las quería uno, ya no hay nada. Coyotes ya no se vuelven a ver, llegaron otros, de dos patas- comenta y los dos sonríen.

Hasta 2001, la pareja vivió tranquila en la casa que les heredaron. Al año siguiente llegaron los empleados de Constructora RECA de Reynosa. Los hombres buscaron comida caliente en medio de la nada. Ella aceptó guisarles y él les llevaba los alimentos. Pemex contrató a RECA, propiedad del priista reynosense Esiquio Reséndez Cantú, para pavimentar los caminos hacia la zona que estaba en exploración. Dos años después la entonces empresa nacional halló el pozo Nejo 1, cerca del hogar de Ángela y Simón.

En los 3 años subsecuentes, personal de Pemex negoció la compra de fracciones de terrenos ejidales en los poblados de Santa Gertrudis, El Cortineño, Rinconada y Laguna de San Juan. Ángela conoce a detalle cómo negociaron los representantes de Pemex. Según su relato, fue así: personal de Pemex contactó a los ejidatarios para rentar la tierra y, si éstos no cedían, los comisariados ejidales presionaban. Pemex dio pagos únicos por el arrendamiento a integrantes de la familia Quintanilla –una de las que más parcelas tienen en la región- y otros ejidatarios menores. No hubo asambleas ejidales para discutir las ofertas.

“Nomás se pagan un tanto antes de que se entre a trabajar; muchos firmaron por cien mil pesos, otros por ciento cincuenta, otros por doscientos mil pesos, el más grande cobró treinta y cinco mil dólares”, cuenta Simón, aunque su esposa Ángela duda que se haya pagado tal cantidad, “aquí la gente está con los ojos cerrados”, interviene ella.

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La carretera hecha hace 16 años es la que hoy circulan obreros y campesinos. La población en los ejidos no supera los 400 habitantes, de acuerdo con cifras del gobierno del estado. Laguna de San Juan es el ejido más habitado, con 280 personas. La siembra de sorgo y comercios de comida aún sostienen la economía de la zona rural.

En el camino entreverado es más común ver una pipa que un tractor, un obrero de casco y overol que un campesino, una camioneta de seguridad industrial que una vaca o un caballo. El cambio de paisaje se dio en los dos gobiernos del Partido Acción Nacional, entre 2000 y 2012. Un año después que inició el sexenio de Felipe Calderón arribaron hombres con cascos, maquinaria grande, centenas de pipas de agua, dinamita, olores raros y camiones con cáscara de nuez.

Pedro chapolea un terreno grande junto con 3 hombres. Él es pareja de una ejidataria que también siembra sorgo. Para platicar suspende la faena, trata de secarse el sudor que le escurre a chorros y le pide a su hija que se retire. Entonces empieza: “póngame otro nombre en lo que escriba, no me exhiba”.

El hombre dice que Pemex ofreció pagos únicos de entre 120 y 130 mil pesos en Santa Gertrudis y El Cortineño. En Rinconada, otro poblado con hidrocarburos, los ejidatarios aceptaron 80 o 90 mil pesos. Ahora, supone Pedro, la exploración se detuvo porque los dueños piden mínimo un millón de pesos.







Fracking y violencia

La compañía Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA) se estableció en un terreno ubicado en el kilómetro 5 de la carretera estatal San Fernando-La Carbonera en 2007, a escasos 20 kilómetros del área de exploración. Ángela y Simón continuaron alimentando a los trabajadores. IHSA se expandió por la región en busca de más pozos. Los primeros puntos positivos en hidrocarburos fueron encontrados por hombres de rasgos asiáticos, indican.

Simón observó y escuchó lo que los obreros e ingenieros hicieron en los llanos durante la primera época de IHSA. Él memorizó lo que sucedió en el periodo exploratorio. De acuerdo a su descripción un pozo conlleva cuatro etapas de perforación. En la primera etapa se utiliza un tubo grueso para inyectar agua hasta 300 metros de profundidad, con motores que funcionaban horas sin parar. El agua era transportada en pipas y tanques sellados. A una parte de los recipientes les colocaban otros líquidos.

“Cuando empezaron, el agua era de Reynosa, según ellos. Al último, Sigifredo (ejidatario de Santa Gertrudis) les estaba dando agua de un pozo que tiene. Ahorita siguen con el doctor Ramón Rodríguez (otro ejidatario)”, asegura.

En la segunda etapa, sostiene Simón, inyectan un lodo de olor penetrante que lo espesan con cáscara de nuez. Para las dos etapas restantes meten tubos con dinamita y los hacen estallar, el campesino nombra a este proceso “la mentada lainer”. Al concluir, los camiones cimentadores construyen el conducto para colocar la tubería y válvula de extracción.

Simón detalla que en ocasiones vio entrar hasta 20 pipas de agua, “todas alineadas que hacían una fila larga, pero 20 pipas, a veces más, y la que está vaciando sale y trae más y se une a la misma fila; esa operación no sé que es, a lo mejor es el famoso fracking, imagino yo, porque dicen que hay dos pozos con fracking”.

El hombre dice que nunca escuchó la palabra fracking. Sin embargo, la descripción corresponde a la explicación dada por el investigador Francisco Cravioto Lagos, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. “El fracking es un método utilizado para la extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de un fluido (agua, arena y sustancias químicas) a un pozo de varios kilómetros de profundidad”. Estos pozos llegan hasta donde la tierra está principalmente compuesta de rocas que son difíciles de romper, por lo que el fluido se debe inyectar con mucha presión para que se pueda hacer una fractura en la tierra que se siga extendiendo en la medida en que se continúa inyectando el fluido. Una vez creada la fractura y tras la interrupción de la inyección del fluido, para mantenerla abierta se introduce un agente de apuntalamiento o se produce un grabado de las paredes de la fractura con un ácido. Esto permite establecer un canal para el constante desplazamiento de fluidos.

Cravioto asevera que Pemex reconoció más de 200 pozos de fracking en el Activo Burgos, repartidos entre Nuevo León y Tamaulipas, todos explotados antes de la reforma energética. La empresa responsable de las fracturas es Pemex, enfatiza. CartoCrítica, iniciativa que impulsa la defensa del territorio mediante tecnología geoespacial, ubicó 924 pozos hechos por medio de la fractura hidráulica en México. Cien se ubican territorio tamaulipeco, de acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia en 2015.

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Mientras los trabajadores de IHSA repetían el mismo procedimiento hasta explotar más de 259 pozos, la guerra entre los carteles del Golfo y los zetas se agudizó y arrasó con la economía de la región. A partir de 2010, los zetas desaparecieron, secuestraron, extorsionaron y violentaron a los pobladores. La industria agrícola, ganadera, pesquera y el comercio fueron arrasados en un santiamén. Los ranchos se quedaron solos. Los negocios cerraron. Los caminos hacia las lagunas y la costa fueron tomados. Unas 3 mil personas huyeron de la guerra.

Desde aquí uno de los grupos más sanguinarios de los zetas realizó dos de las tres masacres de la historia reciente en México: la ejecución de 72 migrantes y el asesinato de 193 personas que fueron enterradas en 47 fosas clandestinas.

Pero curiosamente, mientras San Fernando y sus 313 ejidos quedaba moribundo, la industria del fracking crecía.

Pese al nivel de violencia, la pareja de Ángela y Simón continuó alimentado a los trabajadores hasta que una mañana de abril del 2012, hombres armados entraron a su casa, les pidieron un millón de pesos y luego bajaron el monto a 600 mil pesos a cambio de no matarlos. “Nosotros vivimos al día, trabajamos vendiendo comidas”, les respondieron. Ángela y Simón no tuvieron más opción que mudarse del ejido a la cabecera municipal, para protegerse y esconderse entre la gente.

Ella y él dejaron sola su casa de Santa Gertrudis, ubicada a 25 kilómetros de la zona urbana. La industria gasera no suspendió operaciones.

Efectos (ambientales, políticos y sociales) del fracking

El miércoles 17 de diciembre de 2014 hubo una fuga de gas y una explosión en el pozo 57. Los soldados desalojaron a 30 habitantes del ejido El Cortineño e implementaron el plan DN-III. Protección Civil estatal no reportó muertos, ni heridos.

Pedro relata que la tarde del siniestro estaba en el rancho con su familia. Al volver al ejido El Cortineño los guardias de seguridad industrial les impidieron el paso y bloquearon las calles cercanas al incendio. Los trabajadores trataban de contener el fuego con espuma. “El viento empujaba la espuma que olía como animal muerto”, recuerda.

La normalidad volvió a los ejidos El Cortineño y Santa Gertrudis el martes 3 de febrero de 2015, día en que Pemex declaró que la fuga estaba totalmente controlada. Pedro cuenta que algunos vecinos del ejido vendieron sus casas o pidieron indemnizaciones a raíz de esta explosión por miedo a que sucedieran más. Los que se quedaron, recibieron unas pequeñas construcciones ubicadas a aproximadamente 60 metros del pozo que reventó. Quienes decidieron irse, lo hicieron con 130 mil pesos a cambio de su propiedad.

Las contingencias en la zona ejidal no cesan. El primer día de octubre de 2017 una válvula estalló por la presión del pozo, cercano al ejido Santa Gertrudis. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordaron el área para que los técnicos repararan la macropera. En el lenguaje técnico de Pemex una macropera es el sitio exacto donde se perfora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o más pozos y se instala la válvula y tubería para cada uno.

“Tanta concha (restos de espuma para controlar el incendio) que había y ¿sabes qué dijeron? que no había contaminación. Pagamos cincuenta mil pesos al comisariado para que vinieran gentes de Tampico pa’ que llevaran muestras. Según él (el comisariado) que los habían secuestrado las gentes y los cincuenta mil pesos se chingaron. De ese pelo el raterismo, pero qué chingados haces”, dice el hombre con tono fúrico.

No todos los males de San Fernando son consecuencia de la delincuencia organizada. Si bien una de las razones del desplome de la producción agrícola han sido las extorsiones a los productores y el despojo de ranchos enteros, hay otras causas importantes.

Simón y Pedro coinciden en el bajo rendimiento de la tierra a causa del “agua brillosa” que brota del suelo. El “agua brillosa”, suponen, es la que sale de la tierra después de haber sido inyectada con químicos para la fractura del suelo. El esposo de Ángela afirma que comenzó a manar a partir de 2013, después de una temporada de lluvia vieron escurrir líquidos a través de grietas en el suelo. Aunado a esto, el agua de lluvia ya no bajaba al río Conchos. Para resolver las anegaciones, IHSA construyó canales pluviales, sin embargo, no ha aclarado por qué surge agua de la superficie.

Cravioto, que ha estudiado los efectos del fracking, explica que el 30 por ciento del agua que se inyecta regresa a la superficie mezclada con minerales tóxicos, como arsénico o metales pesados como plomo, mercurio, entre otros. “En Pensilvania se ha detectado, por lo menos en los alrededores de los pozos de fractura, altas concentraciones de radón, que es una sustancia radioactiva. Todos estos minerales no son parte del proceso de fracking, sino que se encuentran en el subsuelo y al momento de regresar contaminan suelos, mantos friáticos, ríos”, refiere el estudioso.

El comisario ejidal del Cortineño, Jesús Cortinas Castillo, declaró que 200 hectáreas, aproximadamente el 40 por ciento del poblado, siguen con encharcamientos de 15 a 20 centímetros; los terrenos ya no se pueden utilizar ni para sembrar, ni alimentar ganado. San Fernando mantuvo el liderazgo en producción de sorgo hasta 2012; solamente en las 500 hectáreas de Santa Gertrudis se recolectaban dos mil quinientas toneladas de fruto rojo al año. La producción cayó hasta 800 toneladas y nunca han vuelto a los primeros años del siglo veintiuno.

Aunado al daño del suelo, Simón comenta que las permanentes descargas de gas al aire libre afectan a los que viven rodeados de macroperas. “A mí el aromita sí me molesta. Se oye recio cuando abren sssssssssshhhhh un buen rato y ya. Es para separar el condensado, del gas. Viene la pipa a cargar y antes le liberan”.

“Hay contaminación todos los sagrados días. Hay fugas en las líneas que hay. Por aquí se oyó rugir, allí adelante hay otra fuga y las tuberías se pudren y sale el chingado gas, corren luego luego, tapan la válvula, pero tú crees que eso no es contaminación. Con el tiempo, los días, los meses, los años, se ha deteriorado. La tierra está desmereciendo”, comenta Pedro.

Unos de los efectos directos del fracking son los sismos. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), San Fernando ha sido epicentro de 19 temblores de 2011 a la fecha. Antes del 6 de septiembre de 2011 no hay registro de un movimiento telúrico. La incidencia de sismos se ha incrementado gradualmente.

De las incidencias registradas, la Alianza contra el Fracking alerta sobre la disminución de disponibilidad del agua, la contaminación de las fuentes de agua, la propagación de cáncer y mutaciones por el uso de sustancias químicas, la contribución al calentamiento global por la emisión de gases, la provocación de sismos y el deterioro ambiental que hace inservible la tierra para la ganadería, la agricultura y el turismo.

Con base en estudios de universidades estadounidenses, el investigador Francisco Cravioto Lagos alerta sobre el uso de entre 650 y 990 sustancias químicas utilizadas para la fractura y las probabilidades de que éstas contaminen las tierras, los mantos friáticos y los cuerpos de agua cercanos a los pozos de fracking.

“No se tiene un conocimiento total de cuáles son las sustancias inyectadas, porque es un secreto industrial (por derechos de fórmula) en Estados Unidos y en México. No obstante, a raíz de la toma de muestras alrededor de los pozos y a partir de más de 920 estudios académicos publicados en universidades de Estados Unidos, se ha podido recabar información donde se localizan 55 agentes carcinogénicos”, apunta.

De acuerdo con el compendio de riesgos y daños elaborado por la Fundación Heinrich Böell-México, las personas, cultivos o ganado que entren en contacto con el agua usadas en fracking, puede padecer enfermedades digestivas, del sistema nervioso, en sistema endocrino, en la piel, mutaciones, cáncer, malformaciones congénitas en niños nonatos.

“Convendría que se realizaran estudios para que se determine si la población está en riesgo. En caso de que encuentren evidencia de afectación a partir de esta actividad industrial hay que fincar responsabilidades sobre las autoridades que permitieron y fomentaron la entrega de estos contratos. También se debe denunciar a los particulares que realizan directamente las actividades por afectar múltiples derechos como el acceso al agua, el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano”, sugiere Cravioto Lagos.

Simón ahonda: Yo nada más escucho que les pasa lo que a mí, que me duele la cabeza cuando respiro el gas. Cuando los hicieron (los pozos) yo les preguntaba a los gestores que si no era problema porque estuvieran cerquita de las casas. Lo que me dijeron es que el control que traían es que a menos de cien metros de una casa no podían hacer una perforación. Yo les pregunté cuando hicieron esta macropera de aquí”.







Entre la violencia, el gobierno y la empresa

La violencia explícita ejercida por la delincuencia y las fuerzas de seguridad, la impunidad otorgada por el gobierno y los vínculos entre criminales y empresarios han oprimido a la sociedad civil en Tamaulipas. Emprender la defensa de los derechos básicos se convirtió en una lucha donde se teme por el adversario y si sus amigos tienen el poder de asesinar.

Francisco Cravioto menciona que pese a la importante y poderosa presencia del crimen organizado hay experiencias fuertes de organización en el estado. Una de ellas empezó hace un año con la agrupación Central Campesina Cardenista, quien se sumó moderadamente a los ejidatarios en desacuerdo.

Oraldo Reyes Cantú, dirigente de la organización en San Fernando, detalla que han organizado foros informativos con la Alianza contra el Fracking. A su vez han tratado de convencer a los productores de no rentar las parcelas e ingresarlos a programas gubernamentales que incentiven la agricultura.

“Siempre les hemos comentado de los riesgos que corre el medio ambiente. Nosotros no estamos en contra de las empresas, sino que violentan las normas, que están haciendo trabajos no adecuados como el fracking que daña los mantos acuíferos. Esa agua es utilizada en el municipio, algunos hasta la beben”, expone el activista.

Los pequeños títulos de propiedad ejidal también han perjudicado la defensa del territorio. Cada dueño es libre de vender o arrendar pedazos de sus parcelas sin preguntarle al vecino o a la comunidad entera. Apenas en noviembre, personal de IHSA ofreció nuevos montos para trazar los derechos de vía para las tuberías y las macroperas. Un ejidatario que no quiso dar su nombre reveló que a cada afectado le quieren pagar 17 mil pesos sin importar la extensión ocupada.

La percepción de que la industria energética ha dañado a San Fernando es compartida por los habitantes de la cabecera municipal. Un estudio de impacto social realizado por los académicos Dionicio Morales Ramírez y Ruth Roux Rodríguez muestra que el 86 por ciento percibe de manera negativa a IHSA. “La gente comentó que, a raíz de la llegada de las compañías, han sentido temblores, han tenido fugas de gas y explosiones, y que las propiedades o sus características se están deteriorando por los pozos”, se lee en el documento publicado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

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Ángela y Simón se mudaron hace cinco años. Vienen al ejido dos o tres veces por semana. Simón calcula que cada macropera tiene hasta 30 pozos; lo sabe porque su casa está rodeada de ellas y porque intentaron, sin éxito, comprar las tierras de su esposa. En promedio, el área que ocupa cada macropera es máximo de 100 metros por 100 metros. El tamaño de las instalaciones para carga y almacenamiento varían en predios de 50 metros por 100 metros. Ninguna autoridad tiene el dato preciso de la superficie ocupada por la industria energética en San Fernando.

Ni la autoridad ni los empresarios han escuchado las demandas de los ejidatarios sobre los daños del fracking: explosiones, contaminación del suelo, del agua, del aire. Los ejidatarios han tenido que cerrar la carretera rumbo al campo Nejo para que IHSA y el gobierno los escuche. En febrero de 2015 bloquearon el paso durante dos horas. A cambio de abrir la circulación, la empresa firmó un acuerdo para reparar la brecha y un vado que comunica a los poblados. En realidad esta obra tendría que resolverla el gobierno estatal o municipal, son parte de los derechos de infraestructura de cualquier comunidad. Otra tensión entre empresarios y campesinos es la instalación sin permiso de líneas de conducción entre pozos, módulos de distribución y refinerías. El 24 de agosto de 2016, hombres y mujeres impidieron el paso de las pipas y trabajadores a los pozos.

Ese día, el comisariado ejidal de El Cortineño, Jesús Ángel Cortinas Castillo, reclamó el pago de 55 líneas que fueron tendidas en terrenos del ejido. Por cada tubería exigían 50 mil pesos, la empresa española ofreció 10 mil pesos. “Ni con soldados nos mueven de aquí”, dijeron los señores apostados a la entrada del ejido, “IHSA ha quedado muy mal en el pago de las afectaciones desde el año 2014, en que con evasivas han evitado cubrir a los campesinos lo que corresponde, mientras que, por otra parte, tampoco han terminado unas casas que iniciaron hace años y los efectos de la explotación de gas ya se comienzan a sentir en sus tierras”, expresó Cortinas.

La situación del ejido no desalienta a Simón y Ángela. En el patio de la casa que abandonaron hay un árbol de guayaba, otro de limón agrio, uno de naranja cucha, yerbas para remedios sembradas en macetas y tubos de metal, “de los que usaban para los cartuchos de dinamita”, dice el hombre.

Los ejidatarios de Santa Gertrudis, El Cortineño, Rinconada y Laguna de San Juan se resisten discretamente a entregar sus tierras. Simón y Pedro admiten que ninguno ha mostrado una oposición férrea. La desunión los coloca en el desamparo. Saben que las condiciones legales planteadas tras la reforma energética están en contra suya, que en cualquier momento les podrían quitar sus terrenos o devolvérselos sin posibilidad de sembrar.

Las nuevas leyes determinan que la exploración y extracción de hidrocarburos son actividades preferentes, es decir, el extraer petróleo o gas es más importante que sembrar o criar ganado. La industria de hidrocarburos es considerada de beneficio para el país. Bajo los conceptos anteriores se estableció la servidumbre legal, mecanismo que obliga a las personas que poseen terrenos comunales, ejidales o individuales con hidrocarburos a rentarlos a las empresas. Los propietarios deberán otorgar el derecho al tránsito de personas, transporte y materiales para el desarrollo de los proyectos energéticos.

Por la carretera ejidal circulan continuamente camionetas pick up y pipas rotuladas con los nombres IHSA, Schulemberger, Prosesa, PJP4. Al paisaje de tierra seca y mezquites se han integrado los anuncios amarillo chillante que indican la ubicación de los pozos, módulos de recolección, entradas a las instalaciones gaseras, advertencias por tuberías subterráneas y las macroperas.

Antes de que San Fernando se convirtiera en San Fernando, era un pueblo agrícola próspero. Ahora, en cambio, en esta época del año el ejido está pelón. No hay una sola mata de grano rojo erguida. Por el rumbo andan desbalagadas, si acaso, dos decenas de cabezas de ganado. Las herramientas para sembrar están tiradas en los patios. Poca gente camina en la calle. De las bardas de las casas cuelgan letreros que anuncian merenderos, comederos, tiendas de abarrotes.

Cuesta trabajo imaginar que aquí hay vida cada temporal de sorgo y es casi inexplicable cómo la empresa española, propiedad del presidente del equipo de futbol Real Madrid, explotó y explota el valle de San Fernando y convive con el cártel más violento del país: los zetas.







La última gran pesca

La industria extractiva ataca tierra y mar. Mientras campesinos intentan resistir al desplazamiento de sus tierras, pescadores llevan un proceso legal contra gasoductos que amenazan con matar su forma de vida.

 

A la par de la explotación del gas mediante el fracking en tierra, en el Golfo de México se construye el gasoducto Tuxpan-Texas. Pescadores del sur y norte de Tamaulipas crearon un frente contra el proyecto energético pactado por Enrique Ochoa Reza, cuando era director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los pescadores han presentado amparos contra la tubería de 800 kilómetros que comenzó a colocarse a partir del 19 de mayo de 2017. En los documentos tramitados por juzgados federales se advierten del impacto al ecosistema del Golfo de México y la Laguna Madre. Además de poner en peligro a la tortuga lora que desova en la zona protegida playa Rancho Nuevo.

El consorcio Infraestructura Marina del Golfo (IMG), integrado por la canadiense TransCanada y la estadounidense IEnova, fue el único postor de la licitación. Ganó con una oferta de 2 mil 727 millones de dólares.

Para promover este proyecto la Secretaría de Energía (Sener) ha informado de las bondades del gasoducto, como la capacidad de transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios y las estaciones en Tuxpan y Altamira, sin embargo, no ha hablado del manifiesto de impacto ambiental.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, calla ante los reclamos de los pescadores ribereños y de altamar. El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Raúl Ruiz Villegas, quien también es dueño de barcos, encabeza las negociaciones para indemnizar a empresarios y trabajadores de la industria pesquera. Funcionarios e inversionistas quieren dar pagos únicos de 30 mil dólares por embarcación y 8 mil pesos a cada uno de los 5 mil pescadores afectados y en proceso judicial.

Los trabajadores del mar de Tampico y San Fernando capitanean la batalla legal contra la tormenta impuesta por la reforma energética.

 

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