Texto: Daniela ReaCelia Guerrero y Ana Cristina Ramos.  Imágenes: Mónica González  y Fernando Santillán 

13 de octubre  2017

Por qué, damnificados y no, debemos vigilar el uso de Fonden

 El principal fondo para desastres en México tiene un negro historial. Según la Auditoría Superior de la Federación, cada año hay señalamientos por el uso incorrecto del dinero, el retraso o cancelación de obra o cancelación sin una argumentación que satisfaga las cuentas. No en balde ciudadanos exigen transparencia

El Fondo Nacional para Desastres tiene un recurso de 9 mil millones de pesos para este 2017, que se utilizarán para atender a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre en Chiapas, Oaxaca, Morelos y Ciudad de México, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este dinero, según las reglas de operación del Fondo, servirá para apoyar a familias de escasos recursos a reconstruir o reparar sus viviendas, así como atender la infraestructura pública: hospitales, carreteras, escuelas.

Pero, el uso del Fondo Nacional para Desastres tiene un negro historial. Las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que, cada año que se aplican para atender emergencias, hay obras canceladas, dinero perdido o utilizado en gasto corriente y retrasos en obras de hasta dos años. 

Para atender las lluvias que azotaron Chiapas en el año entre septiembre del 2010 y septiembre del 2011, Fonden destinó 3 mil 470 millones de pesos, que se sumarían a otros tantos recursos estatales. Del análisis que hizo la Auditoría para la cuenta pública del 2011, encontró daños probables por 216 millones de pesos.

Por ejemplo, 37 obras, que representaban casi 200 millones de pesos, se cancelaron sin que a la Auditoría el gobierno de Chiapas aclarara el motivo de la cancelación y menos se le reintegrara el dinero. Incluso, la Auditoría detectó que el gobierno de Chiapas pagó 62 millones de pesos a las constructoras por anticipo del contrato de la obra que, después, canceló. Ese dinero no se recuperó. 

Eso, además de otras muchas fallas. Como obras que eran urgentes reparar, tuvieron retraso de hasta 730 días por distintos motivos, algunos que estaban fuera del alcance de la constructora como problemas sociales en la comunidad, pero otros por fallas tan básicas como no tener permisos requeridos ni suficientes recursos humanos o de construcción para terminar la obra.

En 3 municipios se invirtieron 38 millones de pesos en obras, que fueron dañadas casi de inmediato por las nuevas lluvias. Las obras en las comunidades de San Juan Cancuc, Escuintla y Arriaga no fueron de utilidad. 

En el año 2012 el Fonden trasladó 3 mil 832 millones de pesos a Tabasco para atender inundaciones, de los cuales 208 millones representan un probable daño a las finanzas federales.

La ASF detectó un probable daño al patrimonio por 74 millones de pesos federales. Ese daño se debe a que 40 contratos fueron cancelados y representan 56 millones de pesos del total, otros 4 millones son por reducción de metas de obra y 13 millones remanentes del Fondo que no se reportaron al Fideicomiso estatal. 

Otro probable daño por 107 millones de pesos federales que fueron utilizados para pagar teléfono, comprar vales de despensa, energía eléctrica, alquiler de equipos y muebles, mantenimiento de transporte y compra de equipo de limpieza.

Otros 27 millones, que la Auditoría detectó como remanentes, que no fueron ejercidos ni reintegrados al Fondo federal.

En el 2013 los siete desastres naturales que causaron la mayor cantidad de daños y pérdidas fueron los huracanes, tormentas tropicales y lluvias. Ese año, Guerrero y Oaxaca recibieron recursos para la emergencia.

Guerrero recibió cinco mil millones de pesos, pero no fueron suficientes y en el presupuesto del 2014 se destinaron 7 mil millones de pesos (19.1% del presupuesto) para la creación de la Reserva Especial Fondo Guerrero, dinero que no ha sido auditado y sigue creciendo. Además, no se utilizó el 34 por ciento de los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) autorizados a la Comisión Nacional del Agua y la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano inició obras entre 113 y 119 días tarde con un presupuesto tres veces más alto de lo autorizado. 

En 2014 la auditoría se centró en los recursos que el fondo destinó a Baja California Sur por el huracán Odile. El organismo autónomo detectó un posible daño económico por más de 11 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura vial y un daño de 25 millones porque no se comprobó la distribución de medicamentos y materiales de curación. A demás el grupo auditor realizó 131 encuestas en tres municipios para corroborar la distribución de los recursos: 69 encuestados no recibieron ningún tipo de insumo y en las 62 encuestas restantes se identificó que los recursos no se repartieron de forma equitativa, llegaron tarde o en tres casos fueron entregados por partidos politicos por partidos poltica, los insumos llegaron tarde Oaxacaito

En el 2015, el fideicomiso 2003 Fonden designó 16 mil 420 millones para continuar con las acciones de apoyo que empezaron entre el 2010 y 2015 en 25 entidades federativas. Veracruz recibió mil 883 millones de pesos que destinó principalmente a los sectores de agua, comunicaciones y vivienda. La Auditoría revisó el 34 por ciento de ese dinero y encontró que todos los contratos se dieron por adjudicación directa y la mayoría no aprobó los criterios de selección, durante la investigación de la fiscalía se recuperaron 261 mil pesos. Las mayores inconsistencias se encuentran en la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano: se transfirió de forma paulatina y por aproximadamente 300 días, 2 millones 118 mil pesos a 49 prestadores de servicios que ya habían entregado sus recursos  y aunque la Auditoria no le define como un probable daño, se le asignó un presupuesto de 14 millones de pesos para la reubicación de viviendas dañadas y hasta el 31 de agosto del 2016 no había iniciado ninguna acción.

Un seguro que no asegura

La ASF exigió, en el análisis de la Cuenta Pública 2010, a la SHCP que justifique la decisión de contratar un seguro, por el cual se pagaron 472 millones de pesos a en la segunda anualidad del 2010, el cual no pudo utilizarse por el tipo de siniestros que se aseguraron: por ejemplo, en el caso de sismos, que fuera entre 7.5 y 8.0 puntos en la Ciudad de México, tomando como referencia el de 8.1 de 1985. 

“Este fondo solo cubre eventos de alto impacto y baja frecuencia, que a la fecha no se presentaron”, dice ASF.

Este seguro forma parte del programa MultiCat que fue concebido como una plataforma de emisión de bonos catástrofe a países miembros del Banco Mundial para adquirir una cobertura de seguros a costo accesible, lo que permite más acceder a los mercados de capital para financiar el seguro contra desastres. Sin embargo, para el caso de México, no fue efectivo.

Hacienda dijo este 20 de septiembre pasado que el bono catastrófico no se podrá aplicar para el sismo del 19 de septiembre porque fue menor a 8 grados, solo se aplicará para atender a Chiapas y Oaxaca que resultaron con daños en el sismo del 7 de septiembre.

Cómo funciona

El Fonden se emplea cuando las entidades no pueden cubrir los gastos de los daños ocasionados por un fenómeno natural. 

La dinámica para acceder a los estos recursos comienza con la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Federal. Luego, cada estado afectado debe formar un comité de evaluación de daños, estos serán los que soliciten el dinero calculado a la Secretaría de Gobernación. Los recursos federales son depositados en fideicomisos para pagar las obras y la contratación de las empresas, por ser un caso extraordinario, es directa. El problema es que, de acuerdo con auditorías, no hay un control de ni del dinero en los fideicomisos ni de las empresas contratadas.

Los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) es otro procedimiento que existen para financiar acciones urgentes después de un desastre natural. Este inicia con la solicitud por el gobernador del estado, en un máximo de tres días después del desastre. Luego, la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es la entidad que corrobora el daño y da aviso a Segob, quien deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia.

Este procedimiento, sin embargo, no logra agilizar la entrega de recursos. La aprobación de los APIN en ningún caso fue antes de los cinco días después del desastre. El promedio fue de 15.3 días, en 2010. Y con los años aumentó: para 2014 fue de 55 días, de acuerdo con un análisis de Data4

En el caso de la Ciudad de México, al solicitar los APIN y el apoyo del Fonden, el gobierno de Miguel Ángel Mancera reconoció que la entidad no tiene los recursos suficientes para enfrentar el desastre. Sin embargo, este fondo está destinado únicamente a la población de bajos ingresos. 

Cada estado debe contar con su propio fondo para la atención de desastres naturales y el de la capital cuenta con 9 mil 400 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden). Según declaraciones de Mancera, 3 mil 500 millones de pesos ya fueron liberados. 

Además, solicitaron los recursos del Fonden para entregarlos a la de bajos ingresos en la CDMX como Xochimilco y Tlalpan, además de para reparaciones en infraestructura pública, como la línea 12 del metro. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la encargada de realizar el censo de viviendas dañadas. 

 


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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx".

Categoría: Crónicas y ReportajesCobertura Sismo CDMX

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Daniela Rea


Miembro de la Red de Periodistas de a Pie. Sus textos y fotografías han aparecido en distintas revistas nacionales e internacionales. En el 2010 participó en Expofotoperiodismo con un trabajo sobre migración. En el 2013 recibió los premios Excelencia Periodística otorgado por PEN Club México y el primer lugar en el concurso de periodismo Género y Justicia que entrega ONU Mujeres y la SCJN.

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Celia Guerrero

Periodista y escritora.

 

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Periodista que sueña con pajares de agujas, misterios sin escribir y un mundo por explorar. 

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Mónica González

Fotógrafa egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha colaborado en distintos medios y revistas nacionales e internacionales. Obtuvo la beca Fonca en la edición 2009-2010 y 2013-2014 Premio Nacional de Periodismo 2011 de Fotografía por el proyecto Geografía del Dolor. Premio Nacional de Periodismo 2006 otorgado por el Club de Periodistas de México y el IPN en categoria Fotografía Reportaje por su trabajo de migrantes en la frontera de Sonora y Arizona.