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Texto: Daniela Pastrana. Foto y Video: Mónica González 
10 de diciembre de 2017

México, la última jugada


Por un lado, el Congreso de la Unión discute iniciativas de ley que pueden eliminar garantías y legalizan prácticas de control social de las fuerzas armadas. Por otro, los grupos opositores al régimen se preparan para llevar a gobernantes ante tribunales internacionales por la destrucción sistemática de la población civil. La carrera electoral más compleja de la historia reciente arranca y en el horizonte de 2018 el choque de trenes parece inevitable

El tablero es la contienda electoral de julio de 2018. Son más 3,500 cargos de elección popular en disputa y sólo en dos estados no hay una elección concurrente con la federal. La violencia que asola al país cerrará este año en su pico más alto. A la crisis política se le suma una economía estancada. La carrera ha empezado y los competidores echan su resto.

En el Congreso avanza una batería de leyes que darán facultades extraordinarias al Ejército en tareas de seguridad pública y las formas políticas del siglo pasado vuelven a la escena, rememorando los días del PRI autoritario.

“Crece el riesgo de una dictadura militar en México”, tituló su nota el Huffintong Post,  análisis que académicos y defensores de derechos humanos hacen de la Ley de Seguridad Interior propuesta por diputados del PRI y que ha provocado incluso, una reacción en contra de la ONU.

“Lo que están haciendo es flexibilizar absolutamente todo y, me atrevo a ponerlo en estos términos, dar una llave para abrir y cerrar un régimen totalitario a discrecionalidad de quien opera esta legislación", dice en la entrevista con ese medio Ximena Medellín, académica del CIDE y maestra en Derecho por la Universidad de Notre Dame.

Es la última semana de noviembre de 2017, un centenar de representantes de organizaciones sociales que tienen distintas agendas (educativa, labora, de migraciones, medio ambiente, desapariciones forzadas, conflictos de tierras) se reúnen en una iglesia de la ciudad de México. A la cabeza, el obispo de Coahuila, Raúl Vera, quien lleva años hablando de la refundación del Estado  y trabajando en la organización de un nuevo constituyente. Otro religioso crítico del gobierno, Alejandro Solalinde y una decena de religiosos de todas las congregaciones comparten ideas con laicos y ateos. El motivo de la reunión es la necesidad de reactivar los trabajos que dejó el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal de conciencia que se instala en países donde se cometen crímenes contra la humanidad y que entre 2011 y 2014 documentó violaciones a derechos humanos en tantos y tan variados temas, que la sentencia fue tajante: el Estado mexicano ha dirigido un ataque sistemático contra a población civil. “En lo que todos coincidimos es que tenemos que hacer algo”, dice uno de los asistentes.

Invitados están el italiano Gianni Tognoni, y el argentino Daniel Feierstein, dos de los jueces de la audiencia final del Tribunal en 2014. Durante horas escuchan la devastación acumulada en los tres años que han pasado desde que se terminó la sentencia y las propuestas para llevar a los gobernantes mexicanos a tribunales internacionales vinculantes.

“Tenemos que ampliar los conceptos de genocidio”, dice Gianni, quien plantea que cancelar o negar la identidad de un pueblo es una forma de exterminio. Y que “un ataque a la identidad es la imposibilidad de tener un futuro por las violaciones de derechos humanos y la impunidad”.

Lo que hay en México, dice el médico italiano, es “un estado que no responde al funcionamiento mismo del marco legal del país”.

Habla de los migrantes, que son “potenciales esclavos”, de “la enfermedad más grandes, que es la desigualdad que crea todas las enfermedades”, de la “prohibición del derecho a la vida” y de los “patrones de la represión”, fenómenos mundiales que se ven en cada una de las audiencias que documentó el Capítulo México del Tribunal.

Coincide Daniel Feierstein, quien explica que el genocidio, en el contexto actual implica retos para las conceptualizaciones de derechos humanos, pues en su definición amplia, la “destrucción de la población” puede plantearse de muchas formas, y puede incluir las afectaciones climáticas, el terrorismo de estado o el desvío de poder.

De las figuras de crímenes internacionales, el genocidio es la más potente, dice. Pero también están los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada. La justicia internacional, sigue, sólo tiene sentido si se puede garantizar un trabajo colectivo de comprensión de lo que se está haciendo.

“No es una construcción con viento a favor, es un camino largo. A veces los abogados hablan en un idioma que no es suficientemente claro para el grueso de la sociedad. Pero aquí ya lo empezaron”, concluye el experto.