Más allá de la justicia: El otro Silva

Texto: Norma Trujillo Báez. Fotografía de portada: Lucía Vergara. Caricatura: Rapé

25 de noviembre de 2015

Más allá de la justicia: El otro Silva

Unas chiquillas que se reunían en el Parque Juárez de la capital veracruzana le decían “el niño de los ojos tristes”. Desde los cinco años, su vida no fue como la de cualquier niño: pasó del juego a la prostitución infantil, del Consejo Tutelar para Menores Infractores a ser discriminado por tener VIH-SIDA y luego recluido en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo por delitos menores. Hasta que un día, el destino (y quizá una decisión política) lo llevaron a ser procesado como copartícipe en el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Esta es su historia

Su nombre es Jorge Antonio Hernández Silva, originario de Vega de Alatorre, Veracruz. Cuando era pequeño, su madre no lo aguantaba. Era grosero, le pegaba. “Por eso lo llevé al Tutelar de Menores de Xalapa”, cuenta la mujer. Había escuchado por la radio que a ese lugar se llevaban a los niños con malas conductas para corregirlos, lo que era en realidad un eufemismo de una prisión para niños.

En esa institución, administrada por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Veracruz, ocurrían a finales de 1970 violaciones a niñas y niños, golpes de custodios y hasta la conmovedora vida de Genaro, un pequeño de 4 años, de familia humilde, que fue condenado por la “justicia” a tres meses de encierro por “robar” un carrito de su vecino.

Ahí estuvo por primera vez El Silva, a sólo algunos días de cumplir 6 años de edad. Pero al salir del tutelar se le escapó de las manos a su mamá, pidió ride a un trailero que iba hacia Poza Rica, al norte del estado, donde fue obligado a ejercer la prostitución.

Teresa lo adoptó cuando tendría 7 años.

“Hacía mucho frío, había chipichipi, entonces vi recostado cerca de mi puesto a un niñito, solo cubierto con pantaloncito y camiseta, bien mugroso, me dio tristeza, era diciembre, lo levanté y lo metí en la parte de abajo de mi carrito”, recuerda.

Teresa vende dulces y cigarros a los noctámbulos en una calle de Xalapa. Tiene años de ganarse así la vida.
“Pobrecito, dormía, tengo hijos de su edad y pensé que no tendría corazón para dejarlo abandonado como lo hizo su madre, tal vez, por eso a mí me dice mamá y a mis hijos los ve como sus hermanos”.

La calle, bitácora de violaciones

El 20 de septiembre de 1994, El Silva regresó al Consejo Tutelar para Menores por “la infracción de robo”, según consta en la boleta de ingreso firmada por el jefe de grupo de la Policía Judicial de Xalapa, José Humberto Mora Carlín, al ejecutar la averiguación previa 1231/994. Tenía 15 años.

Tres semanas después, las autoridades del Consejo Tutelar supieron que era portador de VIH-SIDA. El 13 de octubre de 1994, la directora, Elisa Andrade, y la presidenta, Patricia Smith Portilla, le concedieron la “libertad absoluta bajo la responsabilidad de su señora madre”, según la boleta. No le informaron personalmente de la enfermedad de su hijo, ni lo canalizaron a alguna institución del sector salud para que recibiera tratamiento médico.

Por esos días lo conocí. Lo localicé en el parque Juárez de Xalapa para hacer un reportaje que se publicó en noviembre de aquel año en el Diario de la Tarde, ya desaparecido. Tuvimos varias conversaciones para constatar su identidad y corroborar que se trataba del mismo joven expulsado del Tutelar por su enfermedad.

“A todos nos hacen el examen cuando entramos (…) Me hicieron dos análisis, en el primero y en el segundo me dijeron que era SIDA. Lloré mucho, pero la licenciada Elisa me habló duro y me dijo que si me quería ir a un encierro en un cuarto con enfermeras o si quería la calle”, me contó.

“Me dijo que si yo contaba lo que tenía, mandaría a los judiciales a que me agarren. A mi jefa le dijo: ‘ven por tu hijo. Si le agarran granos o diarrea, llévalo con el doctor’”.

La respuesta oficial, tras la publicación del reportaje, fue tardía y torpe. Durante 15 días, no hubo más que excusas y silencios de las autoridades, que en principio negaron la existencia del muchacho; luego mostraron “buena voluntad y cortesía”, pero no atención, ni diseñaron un procedimiento para atender estos casos extremos. El presidente del entonces Patronato Pro Defensa de los Enfermos de SIDA, Juan José Flores, solicitó apoyo a un laboratorio particular para confirmar el diagnóstico.

El de El Silva no era un caso aislado. Al menos hubo otros 10 o 15 menores que vivían en la calle infectados entre 1994 y 1995. En esos años, se calculaba que trabajaban unos 3,000 niños en las calles de la capital veracruzana, por lo que el problema potencial era mayor.

La historia sorprendió a la organización civil Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores (MATRACA) y al periódico Política, donde trabajó Regina Martínez. Fueron los únicos que hicieron eco de la atención médica de Hernández Silva y de la otra decena de menores que se infectaron por realizar “sus pactos de sangre” o mantener relaciones sexuales a su corta edad.

Casi al concluir 1994, la entonces secretaria de Salud estatal, Edith Rodríguez Romero, declaró que no podía salir a la calle a practicar la prueba ELISA indiscriminadamente a los menores porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos se lo impedía y que lo de El Silva era un caso aislado. En esos días, el costo para atender a un enfermo de VIH-SIDA era de 27 mil pesos.

El Patronato Veracruzano Pro Defensa de los Enfermos de SIDA, la Comisión Para la Defensa de los Derechos Humanos AC y Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, iniciaron la gestión para que lo atendiera la Secretaría de Salud.

Al final, lo internaron en el área de siquiatría del Hospital Dorantes Meza de Xalapa, de donde también se escapó. Los médicos determinaron que no viviría más de un año por el tipo de vida que llevaba en calle.

Un día de enero de 1995, El Silva desapareció de las calles. Muchos lo creímos fallecido. Años después, integrantes de organizaciones de la sociedad civil me informaron que estuvo unos meses preso en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo y que se ponía exigente porque necesitaba sus medicinas; que le habían practicado nuevamente la prueba ELISA y que, en ocasiones el resultado era positivo y otras no, por lo que concluyeron que era un portador.

17 años después

 

Más allá de la justicia: El otro Silva

Caricatura: Monero Rapé

El 30 de octubre de 2012, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como presunto responsable del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso. Al principio pensé que se trataba de un homónimo.

El entonces procurador de justicia estatal, Amadeo Flores Espinoza, aseguró que el detenido confesó su participación en el asesinato, que fue cometido por José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien todavía está prófugo.

A partir de la confesión de El Silva, la procuraduría veracruzana concluyó que el móvil del homicidio fue el robo, de acuerdo a la investigación ministerial 019/2012/PC, en la que trabajó un grupo especial de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y un fiscal especial para la indagatoria, adscrito a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales.

Consuelo Lagunas Jiménez, entonces directora de Investigaciones Ministeriales de la procuraduría, explicó que el grupo siguió tres líneas de investigación: el círculo personal de la periodista, la problemática delincuencial de su zona de residencia y su entorno laboral y desempeño profesional. Según la funcionaria, con 155 diligencias, en las que se incluyen 56 dictámenes periciales, se podía válidamente sostener que el asesinato de la periodista quedaba esclarecido.

De acuerdo con la causa penal 358/2012 del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, así como del toca de apelación 673/2013 de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia, El Silva aparece involucrado con el delito de robo y homicidio calificado en agravio de Regina Martínez Pérez.

La prueba para detenerlo fue que una persona vió a tres sujetos, entre ellos El Silva, cerca de la casa de la periodista, el 27 de abril de 2012, entre las 10 y las 10:30 de la noche. Según los investigadores, esos sujetos podrían tener antecedentes criminales, por lo que la jueza de la causa, Beatriz Rivera Hernández (nombrada magistrada en septiembre de 2014), solicitó al director de Prevención y Readaptación Social un estudio clínico criminológico de Juan Carlos Morales Hernández y/o Jorge Antonio Morales Silva.

El certificado médico del 28 de octubre indica que Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, no presenta datos de intoxicación, ni lesiones externas recientes aparentes; “sólo refirió ser portador de VIH (SIDA) desde hace dieciséis años”.

Ese mismo 28 de octubre, en su declaración ministerial, El Silva adujo no saber leer ni escribir; reconoció su apodo y ser adicto a las drogas; también narró diversos robos en los que había participado.

Sobre el asesinato de Regina Martínez, declaró: “…no recuerdo la fecha, pero tiene como medio año (…) estábamos tomando con mi cuñado Abraham cerveza con caña, y fumando mariguana (…) Abraham me comentó que había conocido en un antro a una señora que tenía harto dinero y que quería robárselo, que le iba a hablar a la señora, que era periodista, esto para cotorrear (…) Entonces le habló a dicha señora de un teléfono de monedas para que lo invitara a pistear, y la señora le dijo que sí (…) Abraham, el Jarocho o el Trompas, empezó a tirar de piedras hacía la puerta desde afuera de la banqueta, como a los cuatro o cinco minutos salió una señora de complexión morena, delgada, chaparrita, pelo lacio negro, con una edad como de cuarenta a cuarenta y cinco años, que salió en una bata como para dormir. Al ver a Abraham le dijo: ‘espérame, porque ando en bata’, se metió y como a los cinco minutos volvió a salir, pero ya cambiada, vestida con una blusa floreadita blanca y con un pantalón de mezclilla color azul subido, con unas chanclas como cafecitas (…) Abraham la saludó de beso en el cachete y de ahí me presentó con ella, pasamos al interior, me senté en un mueble de la sala que tiene dos sillones (…) Abraham le dijo a la señora que si podía ir a traer unas cervezas y le dijo que sí, entonces la señora se llevó un morral de plástico de colores y metió cuatro envases de vidrio de caguama y se fue a comprarlas (…) tardó como media hora más o menos en regresar la señora. Al regresar prendió un estéreo que había ahí, y bailó con el Jarocho mientras yo estaba emborrachándome”.

Según la declaración ministerial de El Silva, Regina Martínez y Abraham discutieron porque el hombre no le había hablado ni había ido a verla; se golpearon; ella fue a la cocina por un cuchillo, con el que habría cortado al Jarocho en un brazo; El Silva la interceptó y le dio tres golpes, pero como estaba muy drogado no fueron fuertes. Abraham la arrastró hacia la taza del baño, le preguntó por el dinero y las joyas. Ella ya no se movía cuando Abraham agarró una jerga sucia que estaba tendida en el baño, se la enredó en el cuello y la ahorcó.

El dictamen de avalúo comercial de objetos robados, de 30 de octubre de 2012, estimó un monto de 33 mil 100 pesos.

Sin embargo, el 31 de octubre, en su declaración preparatoria, ante el juez, El Silva negó todo y alegó que había sido torturado y amenazado.

“Si me pasa algo que vayan con las personas que me agarraron”, dijo.

Estos son extractos de su declaración:

“Nada de lo que está ahí establecido es verdad y reconozco las huellas dactilares que calzan dicha declaración como mías, ya que yo las estampé, pero yo no sé leer ni escribir porque no fui a la escuela y esa declaración no me fue leída. Puse mis huellas porque me hicieron hacerlo los que me agarraron y me dieron agua por las narices, me metieron toques, me vendaron los ojos, me dijeron que me iban a matar y que iban a matar a mi madre, que yo dije mentiras para que no me siguieran golpeando, me golpeaban los que me agarraron y me dijeron que iban a traer a mi madre y la iban a levantar que si yo no decía la verdad. Me llevaron a un bosque cerca de ahí, pero mi mamá pensaba que yo estaba trabajando en unos juegos mecánicos (…) sí reconocería a los policías que me detuvieron y los que me amenazaron pasan aquí al reclusorio y no sé quién me va a proteger (…) Estoy en una celda solito, todavía checan mi sangre porque me iban a dar medicina en el Hospital Civil, e incluso pueden checar las fechas en las que fui a ver mi sangre, quiero decir que encontraron sangre dentro de la casa de esa señora y anoche me dijeron que esa sangre no es mía ni es de El Jarocho (...) Y quiero decir que me pegaron en la espalda y siento dolor, ya que con una chicharra que es una cosa larga que da toques me la pusieron en el pecho y me daban toques. (…) yo no mataría a nadie porque me estoy muriendo por partes, ya que tengo VIH y es todo lo que quiero decir”.

Los datos de la constancia de antecedentes penales --fechada el 20 de noviembre de 2012—no fueron confirmados, por lo que el Ministerio Público le ubicó como delincuente primario.

Lo que siguió después, es conocido: la juez lo condenó, pero fue absuelto en segunda instancia por la séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; a principios de 2014, un amparo promovido por Ángel Martínez, ordenó una nueva sentencia condenatoria con el voto dividido de los magistrados de la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El Silva fue reaprehendido a finales de 2014. Y purga una condena de 28 años de prisión por homicidio calificado. El Jarocho sigue prófugo. Para la Fiscalía, el caso está cerrado.


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Texto: Norma Trujillo Báez

Periodista de Veracruz e integrante del Colectivo Voz Alterna.

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Fotografía: Lucía Vergara

Productora por 2 años de Zigma Periodistas, Jefa de información en Mientras tanto en México, Oficial del programa de comunicación y contenidos digitales de Artículo 19, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.